Seis organizaciones exigieron que se libere a los 10 capturados en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por los disturbios del 1 de mayo. Argumentaron que fueron detenidos ilegalmente. Según ellos se violó su derecho de defensa y la presunción de inocencia. Foto: EP
La solicitud se hizo tres días después de que el Juzgado de Santa Eulalia ordenara la apertura a juicio, y a dos de que se celebre la audiencia para que el Ministerio Público (MP) y la defensa de los acusados presenten pruebas de cargo y descargo.
“Mandan a juicio a la mayoría con una sola declaración dentro del expediente, que se hizo hasta el 14 de agosto; es decir que durante los primeros 3 meses no hubo prueba alguna y los mantuvieron detenidos. Se violó el derecho de defensa y de presunción de inocencia”, afirmó Carlos Bezares, abogado defensor.
Sus defendidos, dijo, fueron capturados el dos de mayo por personas de civil y luego entregados a la Policía, y que el expediente comenzó dos días después. Debido a ello considera que los capturados debieron ser puestos en libertad en los primeros tres días porque “no existía ningún medio de investigación”.
Sus defendidos, dijo, fueron capturados el dos de mayo por personas de civil y luego entregados a la Policía, y que el expediente comenzó dos días después. Debido a ello considera que los capturados debieron ser puestos en libertad en los primeros tres días porque “no existía ningún medio de investigación”.
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